Definiciones legales
En Filipinas, un «menor» es una persona de menos de 18 años o mayor de 18 pero incapaz de cuidarse o protegerse del abuso y la explotación. La edad legal de consentimiento para actividades sexuales es de 16 años, pero los menores de por lo menos 13 años pueden participar en actividades sexuales con alguien que no sea más de 3 años mayor que el menor.
«Explotación sexual infantil», «abuso sexual infantil», «pornografía infantil o CSAM» (que también se denomina «material de abuso o explotación sexual infantil» o «CSAEM») y «grooming» se definen explícitamente en las leyes correspondientes. La definición de «actividad sexual» es análoga a lo que se denomina en otros sitios como «conducta sexualmente explícita». «Sextorsión» no se define específicamente, pero se incluye en la definición de «abuso sexual con base en imágenes».
Requisitos/recomendaciones reglamentarias
Las plataformas en línea, también denominadas intermediarios de Internet, tienen la obligación amplia de «desarrollar, establecer e instalar mecanismos o medidas diseñados para prevenir, detectar, responder o denunciar» distintos tipos de explotación sexual infantil en línea. Sin embargo, dichas obligaciones están sujetas a condiciones que «pueden estar de acuerdo con las mejores prácticas internacionales» y compatibilidad con los servicios que se ofrecen. Parece que las plataformas en línea ejercen una importante discreción para determinar cómo cumplen con estos requisitos. Las plataformas en línea están obligadas a «inmediatamente» (dentro de las siguientes 24 horas) bloquear, eliminar o bajar el CSAEM al recibir una notificación de una autoridad competente. Las plataformas en línea están obligadas a denunciar determinada información al Departamento de Justicia de Filipinas, con excepciones relacionadas con entidades extranjeras sujetas a las limitaciones de divulgación de datos y obligaciones de denuncia de otras jurisdicciones.
Requisitos/recomendaciones de verificación de edad
Las plataformas en línea no tienen obligación de implementar ningún método para verificar la edad de los usuarios antes de otorgarles acceso a sus servicios. No obstante, la Ley de la República 11930 obliga a un estudio gubernamental de tecnología de verificación de edad para respaldar las posibles normas y reglamentaciones que rigen la adopción de un proceso de verificación de edad anónimo. Cuando se publique el estudio y se emitan las normas y reglamentaciones correspondientes, los proveedores en línea de contenido para adultos estarán obligados a cumplirlas.
Requisitos/recomendaciones de consentimiento parental
Las plataformas en línea no tienen obligación de obtener el consentimiento parental antes de que un menor acceda a sus servicios.
Recursos legales de las víctimas infantiles
En Filipinas existen recursos legales para las víctimas infantiles. Las plataformas en línea están obligadas a detener la publicación de CSAM y bloquear el acceso o eliminar la dirección de Internet cuando les notifica una autoridad gubernamental competente. A pesar de que su principal objetivo no son los delitos de explotación infantil, las órdenes restrictivas preliminares son un recurso estándar en los tribunales filipinos y existe un registros de delincuentes sexuales.
Las víctimas pueden recuperar una variedad de daños en juicios civiles que se entablen dentro de una acción penal. Múltiples agencias gubernamentales están obligadas a prestar distintos servicios a las víctimas para respaldar su recuperación, rehabilitación y reinserción en la sociedad. Sin embargo, una víctima no tiene derecho a ser notificada cuando se arresta a un delincuente por distribuir CSAM en el cual se representa al víctima.
Requisitos de «Seguridad desde el diseño»
Las plataformas en línea están obligadas a incluir determinados aspectos (como los que se incluyen en «Requisitos/recomendaciones reglamentarias Requisitos/recomendaciones reglamentarias», anterior) de «Seguridad desde el diseño» antes de lanzar la plataforma. Si una plataforma no cumple con este requisito, puede ser pasible de una multa de hasta 3 000 000 ₱ y la revocación de su licencia para funcionar.