Definiciones legales
Las leyes de Macao definen a un menor como «cualquier persona que aún no ha alcanzado 18 años de edad» mientras que el derecho penal define «niños/as» –personas menores de 14 años– como un subconjunto de menores. Varios artículos del Código penal abordan, sin definirla explícitamente, la conducta relacionada con «explotación sexual infantil», «conducta sexualmente explícita», «abuso sexual infantil», «pornografía infantil» o «CSAM», «instigación» o «grooming» y «sextorsión».
La actividad sexual es ilegal en todas las circunstancias que involucren menores de 14 años («niños/as») y permisible en algunas circunstancias cuando involucren menores de entre 14 y 18 años. La edad de consentimiento para ejercer la prostitución y participar en pornografía es 18 años.
Requisitos/recomendaciones reglamentarias
No hay leyes ni reglamentaciones específicas que establezca una obligación o recomendación a las plataformas en línea para revisar, filtrar, moderar ni detectar contenido para identificar la pornografía infantil/CSAM, la instigación, el grooming o la sextorsión de un niño/a. No se obliga explícitamente a las plataformas en línea a denunciar la explotación sexual infantil en línea a las autoridades correspondientes y deben eliminar el contenido de explotación sexual infantil solo a pedido de la autoridad legal competente.
Requisitos/recomendaciones de verificación de edad
Las plataformas en línea no tiene obligación de implementar ningún método para verificar la edad de los usuarios antes de otorgarles acceso a sus servicios.
Requisitos/recomendaciones de consentimiento parental
Las plataformas en línea no tienen obligación de implementar ningún método para obtener el consentimiento parental antes de que un niño/a acceda a sus servicios.
Recursos legales de las víctimas infantiles
Hay solo una pocas maneras que de las víctimas infantiles soliciten recursos legales. A pesar de que las plataformas en línea no están obligadas a eliminar el material ofensivo al descubrirlo, sí deben cumplir con determinadas directivas de las autoridades legales, incluidos los organismos de seguridad y los tribunales. Las víctimas pueden solicitar órdenes judiciales para que una plataforma en línea detenga la publicación de material ofensivo, pero se deben observar determinados plazos. Si se inicia una acción civil junto con una acción penal, el proceso penal debe estar cerrado ya que se consideraría que la parte damnificada ha renunciado al derecho de recursos penales.
A pesar de que se puede emitir una orden de eliminación como parte del caso penal, dicha orden no evitaría otra publicación de contenido similar. Una restricción civil puede prohibir las futuras acciones de quien publica, pero aparentemente la cláusula no se ha probado en la práctica.
Durante un proceso penal, la víctima puede presentar una reclamación por daños monetarios. Las víctimas gozan de otros derechos, incluidos el de confidencialidad (dependiendo de la edad), órdenes de protección que restringen el contacto por parte de los delincuentes, notificación y, posiblemente, la representación legal designada por el gobierno.
Requisitos de «Seguridad desde el diseño»
Las plataformas en línea no tienen la obligación de incorporar «Seguridad desde el diseño» en sus sistemas.