¿Qué es?
Muchos sistemas judiciales de todo el mundo reconocen y protegen los derechos de los acusados en los procedimientos judiciales. Los derechos de las víctimas de delitos también son importantes en los procesos penales y representan un elemento crucial en los sistemas de justicia penal. Estos derechos se reconocen más comúnmente en casos de abuso y explotación sexual infantil «directos» o de contacto que en casos que involucran cargos por delitos con base en imágenes.
Posición del NCMEC:
Se debe informar a las víctimas de explotación sexual infantil en línea, incluidos los delitos relacionados con CSAM, de su derecho a contratar representación legal privada, el derecho a ser escuchados, el derecho a los servicios a las víctimas, el derecho de confidencialidad y el derecho a que el tribunal que condena a los delincuentes considere sus declaraciones de impacto. Siempre que sea posible, los tribunales deberían facilitar la participación del abogado de la víctima en el proceso legal.
¿Por qué importa?
Los sistemas judiciales en distintas jurisdicciones comúnmente encuadran la conducta delictiva como actos contra el estado, el pueblo o el gobierno, incluso cuando se victimiza a una persona. La víctima puede ser testigo, pero en última instancia el gobierno tiene la potestad de decidir si procesar a un delincuente y, si lo hace, cuales son los cargos. A menudo se proporciona a los acusados representación legal para afirmar y proteger sus derechos, mientras que a los menores victimizados por delitos sexuales no se les garantiza asistencia similar. Además, en pocas ocasiones se informa a las víctimas de explotación sexual infantil en línea de su derecho de participar con asesoramiento privado durante el proceso penal y solicitar restitución después del procesamiento.
Garantizar los recursos para facilitar que las víctimas de delitos cuenten con representación legal aumentaría la participación, promovería la protección y el ejercicio de otros derechos de las víctimas y proporcionaría información más completa a los tribunales. Habitualmente se puede obligar a las víctimas, como a otros testigos, a prestar testimonio en procesos legales. Sin embargo, los sistemas judiciales pueden respaldar mejor a los sobrevivientes si les empoderan para decidir sobre su participación, cuando sea posible, como presentar una declaración de impacto de la víctima por escrito durante la audiencia de sentencia y preservar su privacidad y confidencialidad.
Cuando un delincuente victimiza a una persona, la manera en la que el sistema de justicia penal involucra (o no) a la víctima y los recursos que el sistema le proporciona (o no) pueden agravar el trauma del delito original o contribuir a la recuperación y restauración del sobreviviente.
¿Qué contexto es relevante?
En 1985, las Naciones Unidas adoptaron la «Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder» que articula los principios de alineamiento de la legislación nacional relacionada con los derechos de las víctimas. En algunas jurisdicciones, se otorga a las víctimas de delitos distintos derechos reconocidos por ley, pero la lista de derechos y su aplicación varían ampliamente.
En Estados Unidos, en el caso de víctimas de delitos federales (no delitos estatales ni locales), 18 U.S.C. § 3771 enumera diez derechos, incluidos los derechos a estar presente en los procesos judiciales públicos relevantes, a ser escuchados con respecto a la liberación, apelación, sentencia o libertad condicional; restitución completa y oportuna, etc. La Declaración de los Derechos de las Víctimas de Canadá se aplica a todas las víctimas de delitos (federales, provinciales y municipales). Ni las leyes de Estados Unidos ni las de Canadá incluyen referencias a facilitar la representación legal de las víctimas de delitos. Esto es común en todo el mundo. A pesar de que muchos países permiten la representación legal de las víctimas de delitos, pocos facilitan este proceso o proporcionan dicha asistencia a costas del gobierno.
Existe una notable excepción dentro del sistema judicial penal militar de EE. UU., el gobierno está obligado a «designar un asesor legal... a los fines de proporcionar asistencia legal a» personas elegibles (incluidos miembros de las fuerzas armadas y sus dependientes) víctimas de supuestos delitos sexuales (10 U.S. Code § 1044e).
Los países nórdicos del norte de Europa también son una anomalía en este tema. Comenzando con Dinamarca en 1980 –y eventualmente extendiéndose a Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia para 1999– se sancionaron leyes que requieren abogados financiados por el gobierno para las víctimas. Originalmente centrado en proporcionar representación a las víctimas de violación, estas leyes se han ampliado para otorgar a las víctimas el derecho a un abogado en casos de violencia sexual y otros delitos graves.
¿Qué dicen los sobrevivientes?
Los sobrevivientes han comentado que el reconocimiento y la protección de los derechos de las víctimas son elementos importantes, junto con muchos otros, de un enfoque de la justicia basado en el trauma. Algunos de ellos han afirmado sentirse frustrados, si no ofendidos, cuando los gobiernos pagan la representación legal de los acusados pero no otorga a las víctimas el mismo tipo de asistencia ni les ayuda a obtener representación legal. Si se reconoce que los fiscales típicamente tienen la obligación de representar los intereses del gobierno, algunos sobrevivientes sienten que se les abandona a su suerte cuando los intereses del gobierno están centrados en procesar a un delincuente en lugar de garantizar los recursos para las víctimas. El reconocimiento y la consideración del tribunal hacia la presencia de la víctima y su perspectiva durante el proceso, como mediante una declaración de impacto en el momento de la sentencia, puede ayudar a los sobrevivientes a sentirse escuchados y a recuperarse del perjuicio ocasionado por el delincuente.
A menudo, la sensación de que «se hizo justicia» de las víctimas depende mucho más de si sintieron que fueron escuchas o consideradas que del resultado real del caso. A pesar de que ser reconocidas por los tribunales no siempre puede resolver todo para las víctimas... ser visto o escuchado por el sistema de justicia puede promover la capacidad del sobreviviente de recuperarse de su victimización mientras que permanecer oculto inhibe el cierre y refuerza la sensación de aislamiento y vergüenza de la víctima.
- Sobreviviente
¿Que impulsa los puntos de vista de oposición?
La oposición a ampliar los derechos de las víctimas en los procesos penales puede basarse en la preocupación de que los derechos de las víctimas reemplacen o erosionen los derechos del acusado. Algunos argumentan que los procesos penales son entre el gobierno y el acusado y que las víctimas deberían buscar reparación exclusivamente en procesos civiles. Además, quienes se oponen pueden elevar dudas de que ampliar los derechos de las víctimas en casos penales puede aumentar el tiempo y el dinero necesarios para procesar dichos casos dentro de sistemas que cuentan con bajos recursos y están sobrecargados.