¿Qué es?
Una «ley de prescripción» es una ley que establece un límite de tiempo máximo para iniciar un proceso legal después de ocurrido un evento determinado. En derecho penal, el evento disparador es, a menudo, la comisión de un delito o, en algunas circunstancias, el descubrimiento de que se ha cometido un delito. Dichas leyes varían en función de las jurisdicciones, especialmente en relación con los delitos de abuso y explotación sexual infantil. En algunas jurisdicciones, se puede producir la «suspensión» (una pausa o demora del transcurso del tiempo dentro de una ley de prescripción) hasta que la víctima alcance determinada edad o mientras el delincuente esté fuera de la jurisdicción correspondiente.
Posición del NCMEC:
Las jurisdicciones de todo el mundo deberían abolir los límites de tiempo para iniciar procesos legales relacionados con el abuso y la explotación sexual infantil porque la evidencia demuestra que los delincuentes rutinariamente ocultan sus delitos y las divulgaciones por parte de los sobrevivientes, típicamente, se demoran muchos años o se ocultan totalmente.
¿Por qué importa?
El abuso y explotación sexual infantil es un tipo de delito que típicamente se comete en relativo secreto y distintas dinámicas crean obstáculos importantes a la divulgación inmediata por parte de la víctima infantil. Como resultado, las víctimas a menudo ocultan estos delitos, las personas no los detectan y no se denuncian a las autoridades. Cuando existen leyes de prescripción para estos delitos, la oportunidad de que las víctimas busquen justicia mediante procesos civiles o penales se pierde antes de que muchos de los sobrevivientes puedan superar los obstáculos de divulgar y participar del proceso legal. Dichas leyes permiten a los delincuentes evadir la responsabilidad de sus acciones e incentiva las conductas para evitar la divulgación y promover el secreto. Un límite legal del acceso a la justicia de un sobreviviente también puede ser un obstáculo para recuperarse y sanar de las experiencias traumáticas.
¿Qué contexto es relevante?
La «divulgación demorada» de los sobrevivientes se ha estudiado y está bien establecida como realidad en muchos casos de abuso y explotación sexual infantil. Además, dada la naturaleza del delito mismo, relativamente pocos delitos de abuso y explotación sexual infantil se cometen en público o con la divulgación de la identidad del delincuente. A pesar de que se anticipa la demora de la divulgación y el secreto promovido por el delincuente, las acciones institucionales también contribuyen a ocultar estos delitos y son obstáculos difíciles para solicitar la responsabilidad civil o penal por abuso y explotación sexual infantil. Incluso cuando se superan estos obstáculos, los sobrevivientes en muchas jurisdicciones se enfrentan a obstáculos adicionales cuando las leyes locales o nacionales limitan el inicio del proceso legal debido al transcurso del tiempo desde que se comete el delito.
Por ejemplo, en el estado de Oregon, en Estados Unidos, la acción penal debe iniciarse antes de que la víctima de abuso o explotación sexual infantil cumpla 30 años de edad (véase Oregon Revised Statute 131.125, en inglés) Si un delincuente puede mantener el secreto, la divulgación de la víctima se demora y/o el encubrimiento es efectivo para impedir la acción legal antes del dicho plazo, el delincuente estará libre de responder por el delito en dicha jurisdicción.
Los límites de tiempo en varios países corresponden al periodo de encarcelación potencial asociado con el delito. Cuando las condenas son cortas, a las víctimas de delitos se les niega el acceso a la justicia dos veces –una gracias a la pena corta y, nuevamente, mediante el plazo de prescripción correspondiente corto.
Otras jurisdicciones, como Chile y El Salvador, ya han abolido las leyes de prescripción, si existieron, para los delitos de abuso y explotación sexual infantil.
¿Qué revelan los datos?
CHILD USA –«el think tank sin fines de lucro para menores»– es líder en el movimiento de reforma de las leyes de prescripción, tanto en EE. UU. como internacionalmente. Sus publicaciones citan investigaciones que indican que el 80 % de las divulgaciones de los sobrevivientes se demora, si es que en algún momento se produce.
La reglamentación propuesta en la Unión Europea ha solicitado ampliar los plazos de las leyes de prescripción en los estados miembro a 20, 25 o 30 años, dependiendo de la naturaleza del delito, después de que la víctima alcanza la mayoría de edad. Como motivo para este marco, la reglamentación propuesta cita investigaciones que demuestran que los sobrevivientes de abuso sexual infantil que eventualmente divulgan toman, en promedio, 17,2 a 21,4 años para hacerlo; 60 a 70 % no divulgan hasta que son adultos y casi 28 % nunca lo hacen.
A pesar de que la información de casos de NCMEC no aborda específicamente las leyes de prescripción, la práctica de NCMEC de conservar la información denunciada a CyberTipline permite a los investigadores buscar y analizar información antigua en respaldo a las investigaciones actuales o, en el caso de información recientemente denunciada, actualizar y avanzar en las investigaciones que pueden haberse enfriado. Esta información puede usarse totalmente para buscar justicia para las víctimas y responsabilidad de los delincuentes solo donde no existen leyes de prescripción.
¿Qué dicen los sobrevivientes?
La experiencia de los sobrevivientes de divulgación demorada es común y coherente con la investigación de este tema. Algunos sobrevivientes han descrito las leyes de prescripción como obstáculos adicionales en la búsqueda de justicia y también como un mecanismo que pone en peligro a las comunidades al proteger a los delincuentes de su responsabilidad. Cuando los organismos de seguridad no investigan los alegatos que ya no pueden procesarse según la ley de prescripción de la jurisdicción, víctimas menores y adultos vulnerables adicionales, incluso aquellos cuyos abusos aún están ocultos, están en riesgo de perjuicios continuos. A pesar de que la promoción para la abolición de las leyes de prescripción relacionadas con delitos de explotación sexual infantil es sólida, si no se eliminan los límites los sobrevivientes han solicitado ampliar los periodos correspondientes.
Con respecto a la práctica común de demorar el plazo de la ley de prescripción hasta que el sobreviviente alcance la mayoría de edad, los sobrevivientes han observado que pocos, o ninguno, de los factores que contribuyen a la divulgación demorada se resuelven al llegar a determinada edad. En especial en circunstancias de abuso familiar, los delincuentes a menudo son capaces de ejercer control sobre los sobrevivientes mucho después de la mayoría de edad. Incluso cuando el control no se extiende hasta la adultez, los organismos de investigación, acusación y judiciales que incorporan de manera insuficiente prácticas basadas en el trauma también pueden desalentar a los sobrevivientes a participar completamente en la búsqueda de justicia. La eliminación de las leyes de prescripción también daría tiempo a los sistemas a mejorar y mitigar los riesgos de perjuicios adicionales para los sobrevivientes.
A pesar de que existen leyes de prescripción para la responsabilidad penal, no hay límites para los efectos de estos delitos en las víctimas. El impacto adverso dura toda la vida.
- Sobreviviente
Las leyes de prescripción en casos de abuso y explotación sexual infantil deberían abolirse en todo el mundo porque sabemos, desde una perspectiva con base en el trauma e investigación basada en la evidencia, que dichos límites son una carga indebida sobre las víctimas para denunciar los delitos cometidos contra ellas antes de que sean psicológicamente capaces de hacerlo.
- Sobreviviente
¿Que impulsa los puntos de vista de oposición?
Las leyes de prescripción a menudo se basan en conceptos de razonabilidad y justicia, especialmente a favor de los delincuentes. El motivo puede ser que es «razonable» que una víctima infantil, al llegar a la adultez, supere los obstáculos para denunciar y divulgar lo necesario dentro de una determinada cantidad de tiempo. Asimismo, algunos consideran que es «justo» que los delincuentes sospechados estén protegidos de acusaciones de inconductas históricas porque sería más difícil preparar una defensa después de transcurridos tantos años.