¿Qué es?
La supremacía del derecho es un principio que garantiza que las leyes se apliquen y exijan de manera justa y todos dentro de una jurisdicción determinada estén sujetos y se rijan por las mismas leyes. En el contexto de la explotación sexual infantil en línea (CSE), la supremacía del derecho significa ir más allá de si la ley incluye determinadas estipulaciones a garantizar también que los funcionarios de los organismos de seguridad, los fiscales y los jueces estén bien capacitados, cuentes con recursos adecuados y estén comprometidos con los resultados de seguridad de los menores.
Posición del NCMEC:
Además de meramente sancionar las leyes, reglamentaciones, tratados y otros instrumentos legales correspondientes, los gobiernos deberían dar prioridad a la aplicación efectiva, coherente y justa para promover la seguridad de los menores.
¿Por qué importa?
Las leyes que prohíben las conductas abusivas o de explotación y permiten el acceso a los recursos correspondientes son esenciales para garantizar que los gobiernos protejan adecuadamente a las poblaciones vulnerables, incluidos los menores. Sin embargo, las leyes solas no son suficientes.
Cuando una jurisdicción cuenta con leyes sólidas pero organismos de seguridad, fiscales y/o intervenciones judiciales ineficaces o incoherentes, la protección de los ciudadanos, especialmente las poblaciones vulnerables, es incompleta. Las brechas o la falta de recursos en el sistema judicial, incluida la falta de capacitación actualizada en los organismos de seguridad, fiscales con escasos recursos financieros y/o tribunales sobrecargados, privan a los menores de la protección al obstruir la efectiva implementación de las leyes sólidas. En el peor de los casos, estos defectos ocasionan perjuicios adicionales al dejar a los menores en riesgo del abuso continuo o al perder confianza cuando los delitos contra los menores se abordan incoherentemente o no se abordan en absoluto.
¿Qué contexto es relevante?
En la mayoría de las jurisdicciones existe espacio para fortalecer sus sistemas y proteger mejor a los menores. En algunas jurisdicciones, los funcionarios de la justicia penal están bien capacitados, cuentan con financiación adecuada y están motivados para proteger a los menores dentro de un sistema legal que les autoriza a hacerlo. En otros sitios, existen leyes sólidas pero también brechas o deficiencias que impiden que dichas leyes se apliquen coherentemente. En otros, las leyes correspondientes pueden ser débiles a pesar de la presencia de experiencia y gran capacidad dentro de los organismos de justicia penal.
En muchas jurisdicciones de bajos ingresos, las organizaciones centradas en el desarrollo han iniciado varios proyectos para generar capacidad, revisar la legislación y promocionar para obtener más financiación gubernamental que ayude a fortalecer los sistemas judiciales y proteger mejor a los menores. Sin embargo, no es simplemente una cuestión económica ni de desarrollo sostenible.
A menudo, se da crédito a Gran Bretaña, una jurisdicción de altos ingresos, por contar con la aplicación agresiva de leyes sólidas relacionadas con la explotación sexual infantil en línea, aún así las sentencias de los delincuentes condenados han sido históricamente relativamente indulgentes. En consecuencia, algunos esfuerzos de promoción en Gran Bretaña han destacado la demanda de sentencias más graves para proteger mejor a los menores.
En Estados Unidos, también una jurisdicción de altos ingresos, muchos organismos de seguridad se benefician de la asistencia de organizaciones no gubernamentales para complementar la financiación, capacitación, equipamiento y conocimientos del gobierno. La necesidad de dicha asistencia no se debe a la falta de recursos gubernamentales sino a la asignación de dichos recursos a temas distintos de la protección de los menores.
¿Qué dicen los sobrevivientes?
Algunos sobrevivientes han comentado que los sistemas de justicia no están, típicamente, organizados pensando en las víctimas y ocasionan «gran perjuicio, trauma y desconfianza». Otros han solicitado apropiaciones obligatorias o financiamiento, junto con la sanción de leyes que garanticen que exista personal adecuado y comprometido, equipamiento y capacitación para minimizar las brechas entre la legislación y su aplicación en el mundo real.
La creación y aplicación adecuadas de leyes sólidas de protección de menores requiere recursos y atención judicial y gubernamental además de compromiso continuo para garantizar la seguridad de los menores en todo el sistema judicial.
Todos los países deberían tener normas de práctica que protejan a los más vulnerables en sus naciones. ...Sin leyes y aplicación sustancial, muchas víctimas en todo el mundo estarán sin justicia y/o oportunidades de una mejor vida.
- Sobreviviente
¿Que impulsa los puntos de vista de oposición?
En principio, la aplicación justa de las leyes es ampliamente aceptada como positiva. Las distintas perspectivas de cómo lograr este resultado pueden entrar en conflicto. Hay quienes argumentan contra determinadas medidas por los costes financieros anticipados o el desvío de recursos de otros temas importantes. Algunas jurisdicciones pueden tener leyes en conflicto con tradiciones ancestrales o prácticas culturales. En otros sitios, las comunidades pueden considerar las medidas de aplicación sólidas como demasiado punitivas e insuficientemente centradas en la reconciliación entre los delincuentes y las víctimas.